Josefina Cruz Villalón: "La financiación privada de obras es temporal, volveremos al pago directo"
Antonio R. Vega
El modelo de colaboración público-privada, que la Junta presentó hace un año como remedio a la caída de inversión, no acaba de convencer a la responsable de Obras Públicas. Cruz habla ya de enterrarlo cuando remonte la crisis por la "hipoteca" que deja en las arcas el pago a plazos.
- El presidente andaluz anunció que se iban a licitar 2.676 millones por el modelo de colaboración público-privada entre finales de 2010 y principios de 2011. Por ahora, sólo se han contratado poco más de 270 millones (la autovía Iznalloz-Darro y la ampliación del puerto de Marbella). ¿Por qué no se están cumpliendo estas previsiones?
- Este año lo que vamos a licitar por colaboración público-privada son 775 millones de euros correspondientes a cinco actuaciones, lo que es la licitación habitual de la Consejería en un año normal. La diferencia con respecto a la previsión del pasado año se debe al cambio en las condiciones de los mercados financieros y al control de los gastos de las comunidades por parte del Ministerio de Hacienda. Las obras por este modelo contabilizan como deuda y, por tanto, no podemos licitar más de lo que nuestro presupuesto pueda soportar. De acuerdo con este sistema, mientras duran las obras, nosotros no pagamos nada, pero a partir de que entra en servicio la carretera abonamos el pago por disponibilidad. A cambio, la empresa es la responsable del mantenimiento y la seguridad de la vía.
- Pero, ¿esa forma de pago diferida no supone una hipoteca a la larga?
- Desde luego, una inversión más potente significaría que dentro de cuatro o cinco años, cuando empezáramos a pagar, hipotecaríamos todos nuestros recursos para estas actuaciones. A poco que se recupere la economía y tengamos más recursos presupuestarios nuestra voluntad es volver al sistema tradicional de autofinanciación: se licita una obra, s e adjudica y se pagan las certificaciones. Es como comprar el piso al contado o a plazos. Diferir el pago en varios años ha sido un procedimiento bueno para mantener actividad y empleo en el corto plazo en un momento de crisis. Pero tal y como va evolucionando el mercado financiero, no parece razonable poner todos nuestros recursos en estas actuaciones porque hoy estaríamos comprometiendo recursos de los próximos 30 años.
- ¿Qué ha cambiado para que se deseche un modelo que se consideraba válido hasta hace un año, cuando ya había dificultades de financiación?
- Yo asumo las decisiones de mis antecesores. El modelo de colaboración público-privada es de utilización subsidiaria o temporal en sustitución del modelo clásico. En 2012 mantendremos otro paquete, pero si podemos retornar al sistema de pago directo, a nosotros nos convence más.
- Se han reprogramado o pospuesto obras en 2011?
- El ajuste importante se hizo en 2010. Entonces se pospuso el inicio de obras que habíamos licitado y lo que hemos hecho es no iniciarlas este año.
- La patronal Ceacop se queja de que las certificaciones de obras se pagan tarde. ¿Es por falta de dinero?
- Algunos colectivos que tienen otros intereses no se han enterado de que este país está sufriendo una crisis y hay un compromiso de reducir nuestro déficit. No tenemos ninguna deuda con Ceacop. Con las empresas que trabajamos sí nos entienden y vamos a hacer un plan de reconocimiento de la deuda y de pago. Estamos haciendo el máximo esfuerzo para mantener a estos sectores, pero ahora estamos atendiendo las previsiones de las actuaciones de tres años antes.
- La UE exige un compromiso por escrito al Ministerio de Fomento para hacer el corredor mediterráneo y los tramos que pasan por Andalucía no están programados aún. ¿Cuál va a ser la posición de la Junta en el proyecto?
- La UE tiene una política de apoyo a las redes de transporte de los distintos países, pero sustancialmente los que corren con el coste de la inversión son los Estados. En 2004 diseñó treinta actuaciones prioritarias. Entre ellas estaba el corredor ferroviario que unía Algeciras con Madrid y lo que había que hacer era mejorar la vía entre Algeciras y Bobadilla. Respecto al corredor mediterráneo, el ministro de Fomento anunció en marzo que estaría construido hasta Almería en 2020 y que iniciaría los estudios de viabilidad de la costa. La Junta está de acuerdo con el proyecto (que conecta el Levante con Almería, Motril y Algeciras), pero Andalucía también necesita el corredor central.
- Dadas la dificultades financieras actuales y los recortes presupuestarios que están afectando a las infraestructuras, ¿es asumible y viable hacer los dos corredores?
- El corredor central es el que mejor cubre el territorio andaluz y cuya viabilidad a corto plazo es mayor porque conecta los puertos de Huelva, Sevilla, Cádiz, Algeciras y Málaga. Además, las obras que necesita son de menor envergadura. Pero para nosotros sigue siendo irrenunciable también que el corredor mediterráneo llegue a Almería.
- Ha presentado un decreto sobre edificaciones ilegales. ¿Qué condiciones deben darse para poderse regularizar?
- El decreto es controvertido: unos nos critican porque no llegamos y otros porque nos pasamos. Se ha construido mucho en suelo no urbanizable porque ha habido permisividad social y falta de control por parte de las administraciones públicas. Según los casos hay que regularizar o legalizar y evitar que se siga produciendo ese fenómeno.
- Pero, ¿el decreto puede quedarse en una declaración de intenciones si los vecinos se niegan a asumir el coste de los servicios? Los ayuntamientos se topan con sus reservas en planes de regularización.
- Claro que ellos no quieren, pero tienen que hacerlo porque eso es una injusticia manifiesta con respecto al vecino que ha comprado su vivienda en suelo urbanizable. La legalización sólo puede ser a costa de que ellos paguen lo que no pagaron. No podría ser que el gasto lo soporte toda la ciudad. En cuando a las viviendas aisladas, si no están en zonas inundables, se plantea permitirles el acceso a servicios básicos.
- ¿La Junta está dispuesta a derribar casas en zonas inundables?
- Efectivamente, habrá que demolerlas. Pero son los tribunales los que ordenan la demolición.
ABC de Sevilla, lunes 8 de agosto de 2011, págs. 36-37
El modelo de colaboración público-privada, que la Junta presentó hace un año como remedio a la caída de inversión, no acaba de convencer a la responsable de Obras Públicas. Cruz habla ya de enterrarlo cuando remonte la crisis por la "hipoteca" que deja en las arcas el pago a plazos.
- El presidente andaluz anunció que se iban a licitar 2.676 millones por el modelo de colaboración público-privada entre finales de 2010 y principios de 2011. Por ahora, sólo se han contratado poco más de 270 millones (la autovía Iznalloz-Darro y la ampliación del puerto de Marbella). ¿Por qué no se están cumpliendo estas previsiones?
- Este año lo que vamos a licitar por colaboración público-privada son 775 millones de euros correspondientes a cinco actuaciones, lo que es la licitación habitual de la Consejería en un año normal. La diferencia con respecto a la previsión del pasado año se debe al cambio en las condiciones de los mercados financieros y al control de los gastos de las comunidades por parte del Ministerio de Hacienda. Las obras por este modelo contabilizan como deuda y, por tanto, no podemos licitar más de lo que nuestro presupuesto pueda soportar. De acuerdo con este sistema, mientras duran las obras, nosotros no pagamos nada, pero a partir de que entra en servicio la carretera abonamos el pago por disponibilidad. A cambio, la empresa es la responsable del mantenimiento y la seguridad de la vía.
- Pero, ¿esa forma de pago diferida no supone una hipoteca a la larga?
- Desde luego, una inversión más potente significaría que dentro de cuatro o cinco años, cuando empezáramos a pagar, hipotecaríamos todos nuestros recursos para estas actuaciones. A poco que se recupere la economía y tengamos más recursos presupuestarios nuestra voluntad es volver al sistema tradicional de autofinanciación: se licita una obra, s e adjudica y se pagan las certificaciones. Es como comprar el piso al contado o a plazos. Diferir el pago en varios años ha sido un procedimiento bueno para mantener actividad y empleo en el corto plazo en un momento de crisis. Pero tal y como va evolucionando el mercado financiero, no parece razonable poner todos nuestros recursos en estas actuaciones porque hoy estaríamos comprometiendo recursos de los próximos 30 años.
- ¿Qué ha cambiado para que se deseche un modelo que se consideraba válido hasta hace un año, cuando ya había dificultades de financiación?
- Yo asumo las decisiones de mis antecesores. El modelo de colaboración público-privada es de utilización subsidiaria o temporal en sustitución del modelo clásico. En 2012 mantendremos otro paquete, pero si podemos retornar al sistema de pago directo, a nosotros nos convence más.
- Se han reprogramado o pospuesto obras en 2011?
- El ajuste importante se hizo en 2010. Entonces se pospuso el inicio de obras que habíamos licitado y lo que hemos hecho es no iniciarlas este año.
- La patronal Ceacop se queja de que las certificaciones de obras se pagan tarde. ¿Es por falta de dinero?
- Algunos colectivos que tienen otros intereses no se han enterado de que este país está sufriendo una crisis y hay un compromiso de reducir nuestro déficit. No tenemos ninguna deuda con Ceacop. Con las empresas que trabajamos sí nos entienden y vamos a hacer un plan de reconocimiento de la deuda y de pago. Estamos haciendo el máximo esfuerzo para mantener a estos sectores, pero ahora estamos atendiendo las previsiones de las actuaciones de tres años antes.
- La UE exige un compromiso por escrito al Ministerio de Fomento para hacer el corredor mediterráneo y los tramos que pasan por Andalucía no están programados aún. ¿Cuál va a ser la posición de la Junta en el proyecto?
- La UE tiene una política de apoyo a las redes de transporte de los distintos países, pero sustancialmente los que corren con el coste de la inversión son los Estados. En 2004 diseñó treinta actuaciones prioritarias. Entre ellas estaba el corredor ferroviario que unía Algeciras con Madrid y lo que había que hacer era mejorar la vía entre Algeciras y Bobadilla. Respecto al corredor mediterráneo, el ministro de Fomento anunció en marzo que estaría construido hasta Almería en 2020 y que iniciaría los estudios de viabilidad de la costa. La Junta está de acuerdo con el proyecto (que conecta el Levante con Almería, Motril y Algeciras), pero Andalucía también necesita el corredor central.
- Dadas la dificultades financieras actuales y los recortes presupuestarios que están afectando a las infraestructuras, ¿es asumible y viable hacer los dos corredores?
- El corredor central es el que mejor cubre el territorio andaluz y cuya viabilidad a corto plazo es mayor porque conecta los puertos de Huelva, Sevilla, Cádiz, Algeciras y Málaga. Además, las obras que necesita son de menor envergadura. Pero para nosotros sigue siendo irrenunciable también que el corredor mediterráneo llegue a Almería.
- Ha presentado un decreto sobre edificaciones ilegales. ¿Qué condiciones deben darse para poderse regularizar?
- El decreto es controvertido: unos nos critican porque no llegamos y otros porque nos pasamos. Se ha construido mucho en suelo no urbanizable porque ha habido permisividad social y falta de control por parte de las administraciones públicas. Según los casos hay que regularizar o legalizar y evitar que se siga produciendo ese fenómeno.
- Pero, ¿el decreto puede quedarse en una declaración de intenciones si los vecinos se niegan a asumir el coste de los servicios? Los ayuntamientos se topan con sus reservas en planes de regularización.
- Claro que ellos no quieren, pero tienen que hacerlo porque eso es una injusticia manifiesta con respecto al vecino que ha comprado su vivienda en suelo urbanizable. La legalización sólo puede ser a costa de que ellos paguen lo que no pagaron. No podría ser que el gasto lo soporte toda la ciudad. En cuando a las viviendas aisladas, si no están en zonas inundables, se plantea permitirles el acceso a servicios básicos.
- ¿La Junta está dispuesta a derribar casas en zonas inundables?
- Efectivamente, habrá que demolerlas. Pero son los tribunales los que ordenan la demolición.
ABC de Sevilla, lunes 8 de agosto de 2011, págs. 36-37
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