Los obispos españoles llaman a desobedecer la Ley de Muerte Digna

Laura Daniele

Califican de «gravemente injustas» las leyes que «toleran y regulan las violaciones del derecho a la vida» y cuestionan «la legitimidad de los poderes públicos que las aprueban».

El secretario general de la Conferencia Episcopal Española, Juan Antonio Martínez Camino, explicó hoy que la Ley Reguladora de los Derechos de las Personas ante el proceso final de la vida, más conocida como Ley de Muerte Digna, que el Gobierno ha enviado al Congreso es una normativa “injusta” porque va en contra de un derecho fundamental como es el derecho a la vida y por lo tanto “no es necesario su cumplimiento” en el caso de que el texto sea aprobado por el Parlamento tal cual está.

El texto aprobado por los obispos en su última reunión de la Comisión Permanente explica que si bien la Iglesia “no identifica el orden legal con el orden moral”, las leyes que "toleran e incluso regulan las violaciones del derecho a la vida son gravemente injustas y no deben ser obedecidas”. “La Iglesia no rechaza la democracia sino que ejerce con su voz la democracia”, afirmó monseñor Martínez Camino, al tiempo que recordó que “sin reconocimiento de los derechos fundamentales no hay democracia. Leyes de este tipo han regido en regímenes no democráticos”.

En el documento, los obispos también señalan que con su postura no están poniendo “en cuestión la organización democrática de la vida pública” ni tratan de “imponer una concepción moral privada al conjunto de la vida social”, simplemente recuerdan que “las leyes no son justas por el mero hecho de haber sido aprobadas por las correspondientes mayorías, sino por adecuación a la dignidad de la persona humana”.

Este es el punto conflictivo de una ley, que para el portavoz de la Conferencia Episcopal, es lo suficientemente “ambigua e imprecisa” como para “abrir las puertas a la eutanasia”. “Esta ley supone un retroceso en la tutela de los derechos de los enfermos y de las personas que están en el proceso final de la vida al que nadie supuestamente con su voluntad puede causarles la muerte. La muerte se causa con conductas pasivas y con conductas activas. Esto no está claro en la ley y para una cuestión tan importante la normativa tiene que tener la máxima claridad posible”, aseveró el prelado, quien pidió la modificación del proyecto.

- Autonomía absoluta del paciente.

El texto aprobado la semana pasada por los obispos afirma que a pesar de que la intención de la nueva normativa es «laudable» puesto que, tal como el propio anteproyecto explicita, pretende «proteger la dignidad de la personal en el final de la vida sin despenalizar la eutanasia», establece «una concepción de la autonomía de la persona, como prácticamente absoluta» que «acaba por desvirtuar la intención declarada y por sobrepasar el límite propuesto de no dar cabida a la eutanasia».

Además, los prelados consideran que el concepto de dignidad de la persona queda «negativamente afectado», ya que «parece sostenerse implícitamente que una vida humana podría carecer de dignidad tutelable en el momento en el que así lo dispusiera autónomamente la parte interesada e incluso eventualmente un tercero».

Otro de los puntos críticos de la actual redacción de la ley es que «emplea una definición reductiva del concepto de eutanasia, con la que se deja la puerta abierta a ciertas omisiones voluntarias que pueden causar la muerte o que buscan de modo directo su aceleración».

Asimismo, los obispos apuntan que «se señalan algunas conductas eutanásicas a las que se daría cobertura legal como, por ejemplo, la posible sedación inadecuada, el abandono terapéutico o la omisión de los cuidados debidos». Además de la conculcación del derecho a la libertad religiosa de los profesiones sanitarios «al quedar prácticamente reducidos a ejecutores de la voluntad de los pacientes y que no se les sea reconocido el derecho a la objeción de conciencia».

http://www.abc.es/20110627/sociedad/abci-obispos-llaman-desobedecer-muerte-201106271258.html

Uruguay: Mujica habilita las investigaciones de crímenes durante dictadura

Ana Inés Cibils, Afp

El presidente uruguayo, José Mujica, habilitará la reapertura de cerca de 80 investigaciones sobre crímenes en la última dictadura (1973-1985), cuando se cumplen 38 años del golpe de Estado y un mes después de que fracasara un proyecto para anular una ley que evitó las investigaciones judiciales.

El secretario de la Presidencia uruguaya, Alberto Breccia, anunció este lunes en rueda de prensa que el mandatario resolvió "revocar por razones de legitimidad todos los actos administrativos dictados por el poder Ejecutivo (...) que consideraron en su oportunidad que los hechos denunciados estaban comprendidos en las disposiciones" de la denominada Ley de Caducidad.

Esta ley, aprobada en 1986, obliga a la justicia a consultar al poder Ejecutivo qué casos ocurridos durante la dictadura puede investigar.

La Ley de Caducidad fue aprobada un año y medio después de otra ley que amnistiara a los presos y perseguidos políticos, cuando la Justicia comenzaba a citar a militares por violaciones a los derechos humanos cometidos durante la dictadura.

Durante 20 años, los Gobiernos de partidos tradicionales rechazaron todas las solicitudes presentadas, hasta que en 2005, con la llegada del Frente Amplio (FA, izquierda) al poder, el entonces presidente del país, Tabaré Vázquez, dio luz verde a los primeros juicios.

El secretario de la Presidencia indicó que el decreto será promulgado antes del fin de la semana y explicó que ahora corresponderá al poder Judicial "disponer o no el desarchivo de esos casos".

Breccia destacó que con esta decisión el Poder Ejecutivo considera que está "cumpliendo fundamentalmente con un deber ético, pero además con lo que establece la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos", que en marzo ordenó a Uruguay investigar y sancionar las desapariciones forzadas.

En el mismo sentido, adelantó que tras "el análisis exhaustivo" de la sentencia de la CIDH el Gobierno incrementará las facultades de la comisión de seguimiento de la Comisión para la Paz, para que trabaje en la investigación de los hechos.

"La sentencia de la CIDH manifiesta que se debe avanzar en la obtención de datos, en el análisis de los mismos y en la sistematización de los mismos a los efectos de procurar la profundización del conocimiento de los hechos", abundó.

En esa línea, Breccia indicó que el Gobierno solicitó al Ministerio de Defensa y a la Suprema Corte de Justicia (DCJ) el acceso por parte del equipo de historiadores de la Presidencia al archivo de las fichas clínicas de sanidad de las Fuerzas Armadas y a un archivo de fichas judiciales guardado bajo resonsabilidad de la SCJ.

También planea "completar el banco de datos genético, que todavía está incompleto, porque hay un número importante de familiares de víctimas de desaparición forzada que no han sido contactados para obtener de ellos las muestras de material genético que puedan ser comparados con los eventuales hallazgos que se puedan realizar".

La dictadura dejó 38 desaparecidos en Uruguay, según la Comisión para la Paz que funcionó entre 2000 y 2003. En Argentina se denunciaron otras 182 desapariciones de uruguayos, en Chile ocho, en Paraguay dos y en Brasil una.

Asimismo, se está trabajando "en el cumplimiento de lo dispuesto por la Corte en materia de reparaciones económicas a la familia Gelman", que presentó la denuncia ante la Corte.

Mujica ya había anulado un acto administrativo en mayo, cuando habilitó la reapertura de una investigación sobre el asesinato de un militante comunista en 1975.

La decisión gubernamental ocurre cuando se cumplen 38 años del golpe de Estado de 1973 y un mes después de que el partido gobernante FA fracasara en su intento legislativo de anular la Ley de Caducidad debido a la rebeldía de un diputado oficialista, que no le permitió sumar los votos necesarios.

Desde que el ex presidente Tabaré Vázquez dio luz verde a los primeros juicios, más de una decena de personas -incluidos los ex dictadores Gregorio Álvarez y Juan María Bordaberry- fueron condenadas a prisión por violaciones de los derechos humanos.

http://es.noticias.yahoo.com/mugica-habilita-las-investigaciones-cr%C3%ADmenes-durante-dictadura-185700804.html

La gallega Contsa retomará la actividad de Astilleros de Huelva

L. Velasco

Dará empleo a 35 personas. En un principio alquilará las instalaciones onubenses por un periodo de año y medio, a la espera de que se subasten los activos cuando la atarazana entre en fase de liquidación.

Huelva no se despedirá aún de la histórica actividad naval, tal y como parecía que iba a suceder toda vez que Astilleros entró en proceso voluntario de acreedores sin ninguna esperanza de sobrevivir. En su lugar, será una compañía gallega la que continúe con la construcción de embarcaciones.

Se trata de Contsa (Construcción y Transformaciones Navales), con sede en Vigo, que trasladará su fábrica de Portugal al puerto onubense. Se dedicará a la reparación de buques y a la producción de naves de menos de cien toneladas en aluminio.

Los consejeros de Economía y Empleo, Antonio Ávila y Manuel Recio, respectivamente, y el presidente del grupo, Urbano Alonso, presentaron ayer el proyecto. “La nueva iniciativa –apuntó Ávila– es resultado del “esfuerzo colectivo” y permite “dar una salida solvente y de viabilidad a la industria naval”, después del cierre el pasado año de Astilleros de Huelva.

Para la reactivación de las atarazanas onubenses, Contsa ha constituido la filial Astilleros Contsa Huelva, con domicilio fiscal y social en Huelva y participada al cien por cien por la compañía matriz. Según indicó el consejero, “usarán las instalaciones onubenses para la diversificación de su actividad” actualmente concentrada en Vigo y Portugal. La posición “geoestratégica” de los astilleros onubenses ha sido la razón de su traslado, según Ávila.

Para hacer uso de los activos de Astilleros de Huelva, firmará un contrato de alquiler de 18 meses con la compañía, a la espera de que se celebre la subasta de los mismos una vez que se entre en fase de liquidación.

Por su parte, Manuel Recio precisó que su departamento formará a los trabajadores, buena parte de ellos del colectivo de recolocables de Astilleros. En un principio contratará a quince empleados indefinidos, para en fase de fabricación incorporar a veinte más, “pudiendo alcanzar hasta 150 en períodos pico de producción”.

El presidente de Contsa, Urbano Alonso, explicó que se trata de un proyecto “sencillo” y que dividirá la factoría onubense en dos secciones. Una de ellas para reparación, que podrá estar en marcha en septiembre u octubre, y otra de construcción de naves en aluminio.

http://www.expansion.com/2011/06/27/andalucia/1309200252.html?a=4e7b67dc4a85b662f6524b49e2e151a4&t=1309216731

La Serra de Tramuntana de Mallorca, declarada Patrimonio de la Humanidad

Efe

El paraje natural de la Serra de la Tramuntana de Mallorca entró ayer a formar parte de la Lista del Patrimonio Mundial de la Humanidad . La mallorquina era la única candidatura española presentada este año al comité, que comenzó sus trabajos el pasado 19 de junio, y fue incluida en la categoría de paisaje cultural. La excelente conservación de las huellas dejadas hasta hoy por las diferentes civilizaciones que atravesaron su territorio era uno de los valores realzados en el voluminoso dossier de presentación, que ayer dio a conocer la directora general de Bellas Artes del ministerio de Cultura de España, María Ángeles Albert de León.

http://www.laverdad.es/murcia/v/20110628/cultura/serra-tramuntana-mallorca-declarada-20110628.html

Israel está decidido a detener la segunda flotilla internacional para Gaza

Philippe Agret, Afp

Israel está "determinado" a interceptar la flotilla internacional que zarpará en los próximos días con ayuda humanitaria para Gaza, territorio palestino sometido a un bloqueo israelí.

"El Estado de Israel está determinado a impedir la llegada de la flotilla a Gaza", señaló la oficina del primer ministro Benjamin Netanyahu en un comunicado, al final de una reunión del gabinete de seguridad.

Sin embargo las fuerzas armadas israelíes tienen la consigna de "evitar en la medida de lo posible el enfrentamiento con aquellos que van a bordo de los barcos", según la nota.

El gabinete de seguridad, integrado por los principales ministros, abordaron este tema el domingo.

"Ayer (domingo), los ministros decidieron no autorizar a los barcos echar anclas en Gaza, aunque estarán autorizados a descargar el cargamento en Ashdod (puerto israelí) o en el puerto egipcio de El Arish", afirmó la radio militar.

"Si no se encuentra ningún arma o munición, el cargamento se transportará en su totalidad a Gaza", aclaró la radio.

El ejército israelí aseguró el lunes que el servicio de inteligencia tenía informaciones de que entre los pasajeros de la flotilla figuran "elementos radicales.

"Sabemos también que uno de los barcos transporta productos químicos incendiarios peligrosos", dijo la portavoz Avital Leibovitz.

Según la radio pública, Egipto aceptó que los barcos atraquen en el puerto de El Arish, situado a unos 50 kilómetros al oeste de la frontera egipcia con Gaza.

Militantes propalestinos de 22 países se han dado cita "jueves o viernes" en las costas de Creta (sur de Grecia) para zarpar con ayuda humanitaria para Gaza a bordo de una flotilla de "nueve o diez" barcos, afirmaron los organizadores el lunes en Atenas.

Los organizadores de esta "flotilla de la libertad" denunciaron "obstáculos administrativos procedentes de las autoridades griegas" que, según ellos, se encuentran "bajo presión de Israel".

Según uno de los organizadores griegos, uno de los barcos sufrió un daño importante el lunes por la noche en Atenas que calificó de acto "de sabotaje".

Esta iniciativa se lleva a cabo por segundo año consecutivo y en ella participan esta vez 350 activistas, entre diputados franceses, suecos, noruegos y españoles, artistas, escritores y entre 30 y 50 periodistas.

La acción, definida como pacifista, tiene por objetivo romper el bloqueo impuesto a Gaza desde hace cinco años por Israel.

Numerosos países como Estados Unidos, Francia y Grecia desaconsejan a sus ciudadanos participar en la flotilla.

El gobierno estadounidense dijo que espera que no se repita el drama de la anterior "flotilla de la libertad" para Gaza y pidió "moderación".

En mayo de 2010, un primer intento de acercarse a las costas de la franja de Gaza les costó la vida a nueve personas debido a un asalto de los comandos de la marina israelíes contra el transbordador turco "Mavi Marmara" utilizado por la flotilla.

Como consecuencia de ello, Israel fue blanco de una ola de críticas de la comunidad internacional y sufrió un deterioro en sus relaciones diplomáticas con Turquía, ex aliado regional "estratégico".

Para no repetir el fiasco del año pasado, las autoridades israelíes se retractaron de su decisión de sancionar a los periodistas extranjeros que embarquen en la flotilla.

http://es.noticias.yahoo.com/israel-se-prepara-para-impedir-que-una-segunda-101205388.html